La catástrofe económica en que se sumerge España lleva al gobierno de ZParo a un recorte de presupuesto en sectores vitales para un país, como es el caso de sus fuerzas armadas y cuerpos de seguridad. No dañará, sin embargo, a sectores de preferencia zapateril: subvenciones a los grandes sindicatos, a los titirizejas, inyecciones millonarias al Ministerio de Propaganda de Bibiana Aído, etc. Se concluye por tanto que esta aparente austeridad enmascara un nuevo ensañamiento con los restos póstumos de la Nación española.

Desde su llegada al poder, el gobierno de los trenes se ha volcado en toda una serie de reformas con fines muy bien establecidos y premeditados, reafirmados por el jefe del Estado, y de cuyo gran éxito se deriva la ya acaecida destrucción política de nuestra Nación. Pero es el conjunto del régimen el que ha echado a rodar sus engranajes, conducentes a una confederalización del territorio nacional y, con ello, a entronizar a la monarquía como único nexo restante entre los españoles de las diferentes taifas autonómicas.

Toda expresión de unionismo español es una amenaza para este régimen, que ha convertido a las fuerzas armadas uno de sus principales objetivos. Dejando aparte la criminalización sufrida durante décadas, queda de manifiesto el desmantelamiento de nuestras fuerzas armadas a través de un proceso de profesionalización que ha derivado hasta hoy día en una masa de mercenariado poco cualificado, mal equipado y carente de tuétano patriótico salvo rarísimas excepciones. En definitiva, antes del asalto y el pillaje político, los enemigos de España procedieron ya a dinamitar nuestras defensas militares.

A este proceso supuso un freno irrisorio el mandato de Aznar que necesitaba de unas FAS competentes para mantener su estrecha amistad con el imperialismo yanqui. Sin embargo, durante las legislaturas de Zapatero se ha sabido recuperar el tiempo perdido con una serie de normativas.

El vórtice se centra en la Ley de Carrera Militar que no pudieron aprobar ni Bono ni Alonso y que finalmente Chacón ha sacado adelante con remiendos y chapuzas. Esta ley chaconiana ha generado un auténtico caos en el Ministerio de Defensa, y está siendo estudiada por el propio Tribunal Constitucional. Pero más allá de problemas administrativos y legales, la ley supone un golpe de gracia a toda concepción seria de los ejércitos.

Por un lado, el nuevo cuerpo de oficiales estará formado a partir de un híbrido de universitario de Bolonia y cadete de academia. Asimismo serán purgados el 98% de los suboficiales mediante un nuevo reglamento en la promoción, aduciendo no cumplir los requisitos de edad. Y, finalmente, los que hubiesen de incorporarse a la nueva escala única de oficiales deberán demostrar «conocimientos militares» en materias tales como la ley de Igualdad, o los «principios, valores y objetivos del Plan Nacional sobre la Alianza de Civilizaciones».

En cuanto a los cuerpos de seguridad, su situación no podría ser más deplorable teniendo en cuenta la sumisión de los altos mandos a la partitocracia y, en última instancia, al Borbón. Tras la reciente modificación del reglamento del catálogo de puestos de trabajo de Interior, todos los altos cargos policiales son nombrados a dedo (comisarios principales, comisarios e inspectores jefes) por Rubalcaba. No vamos a abrir los ojos a nadie con esto. Lo novedoso y también trágico son los raquíticos presupuestos de este año, que se han reducido en un 65% desde 2008, así como el número de plazas convocadas para el Cuerpo Nacional de Policía que pasan de 2000 del año pasado a 222 para este año.

Nadie duda de la profesionalidad de nuestros funcionarios, pero cada vez les será más difícil hacer frente al aumento de la criminalidad (120 ‰ casos más en 2009), la multiplicación de grupos de delincuencia organizada del extranjero, la sobrepoblación del sistema penitenciario y la situación de España como principal plataforma de entrada de droga para todo el continente europeo y el principal receptor de inmigración ilegal de la UE.

Los nacionalistas españoles consecuentes no podemos sino sublevarnos contra este régimen antiespañol. La lucha popular directa contra las oligarquías políticas y las instituciones en las que medran es el único camino posible para la reconstrucción de la patria española. La aceptación de la aniquilación nacional de España sólo podrá ser juzgado por la historia como nuestra cobardía o nuestra traición.