Siguen en pie dos consignas fundamentales del PNR: oposición intransigente a la inmigración ilegal y adecuación del flujo migratorio legal a las condiciones socio-económicas de cada momento, mediante políticas de cupos.
Los trabajadores británicos se han echado a la calle en protesta por la contratación de inmigrantes para cubrir los puestos de trabajo que se vienen generando en refinerías y centrales nucleares. Se han cansado de que les arrebaten esos puestos de trabajo inmigrantes portugueses y rumanos dispuestos a tragar lo que les echen.
Estas cosas, que los políticamente correctos llaman “huelgas xenófobas”, sólo pueden producirse en países donde existe patriotismo, una conciencia nacional previa. En España, donde el problema es objetivamente muchísimo más grave, apenas hay reacción, dada la intensa desnacionalización imperante y una izquierda que ha sustituido el “internacionalismo proletario” por los nuevos parias de la tierra, los inmigrantes, bajo los lemas “ningún ser humano es ilegal” y “abajo las fronteras”. Sin olvidar diversas moralinas propagadas por la jerarquía eclesial católica.
Sin "idea de España" es difícil que pueda haber respuestas amplias a la inmigración descontrolada similares a las de Inglaterra. Súmese a esto el embuste de que los inmigrantes venían a salvarnos las pensiones, cuando sólo han servido para reventar salarios y condiciones de trabajo y saturar los servicios públicos; o el sonsonete de que han venido a realizar los trabajos que los españoles no quieren hacer, cuando los trabajadores españoles se han ganado, con décadas de lucha, el derecho a rechazar trabajos con salarios de sobre-explotación y condiciones infames.
Ahora, con la crisis, muchos se tiran de los pelos cuando se quedan sin trabajo mientras ven que han seguido concediéndose permisos laborales a numerosos extranjeros. Pero no hay duda de que todo esto nos lo hemos ganado a pulso. Los españoles, al votar al PP, que comenzó a alentar la oleada inmigratoria, y al PSOE, han votado contra sí mismos y lo pagarán caro.
Según datos recientemente publicados por Eurostat –la oficina de estadísticas de la UE-. el 1 de enero de 2008, 497,45 millones de ciudadanos tenían residencia en la Unión Europea. Un año después, la cifra roza ya los 500 millones de habitantes. Esto significa un aumento de la población de algo más de 2,21 millones de habitante en apenas doce meses. ¿Cuántos de esos nuevos residentes proceden de España? Pues ni más ni menos que 569.300, lo que significa que uno de cada cuatro “nuevos europeos” los aporta España. Según las proyecciones de Eurostat, el número de residentes en España roza en estos momentos los 46 millones de ciudadanos. En concreto, 45,85 millones, lo que representa un aumento de 6,2 millones respecto de los que había en 1998, al comienzo del ‘boom’ de la inmigración.
Las cifras ponen de relieve que el fenómeno de la inmigración, lejos de retroceder en coherencia con la irrupción de la crisis económica, continúa creciendo a buen ritmo: el triple que en la UE. O lo que es lo mismo, un 12,5% frente al 4,4%, lo que refleja la intensidad en la entrada de inmigrantes pese al menor crecimiento productivo.
Según datos oficiales, el pasado 30 de septiembre el número de inmigrantes "con papeles" ascendía a 4.27 millones, lo que implicaba un aumento del 14.27% (533.865 personas) en un año. Sobre todo, reflejaba la continuidad de la política de concesión de permisos de trabajo y residencia por parte del gobierno, cuando era más que evidente la entrada en ciclo de crisis económica. Las estadísticas oficiales, lógicamente, no recogen a los "sin papeles". Pero podemos hablar con toda seguridad de 7 millones entre legales e ilegales. Y estos inmigrantes no volverán a sus países, pues en España gozan de todo tipo de servicios gratuitos. En los últimos meses, tan sólo 2.213 extranjeros han solicitado el "retorno voluntario", a diferencia de lo que ocurre en Alemania, desde Schroeder, Inglaterra, etc.
Para rematar el asunto, el PSOE y el PP están de acuerdo en incluir a inmigrantes en sus candidaturas para las próximas municipales, con los que se equipara un derecho derivado de la nacionalidad con un simple permiso de residencia por razones laborales.
Ante todo esto, algunos sectores del PSOE estiman que posiblemente se les ha ido el asunto de las manos. Se habla de “rectificaciones”. Así, ha sido aprobado un anteproyecto de Ley de Extranjería que incluye entre sus novedades la limitación de las reagrupaciones familiares. Los inmigrantes sólo podrán traer a España a sus padres si estos son mayores de 65 años para que no se puedan incorporar al mercado laboral. Además, el gobierno aprobará elevar cuantiosamente las sanciones para los matrimonios de conveniencia y las multas a los empresarios que contraten ilegales.
Pero esto son simples parches que no alteran el proyecto global del régimen, un proyecto endófobo y xenófilo de reemplazo del pueblo trabajador español por masas de pobladores sin función determinada. Una de sus pruebas más palpables es la propia denominación del ministerio de Corbacho: "Ministerio de Trabajo e Inmigración". El trabajo, para los inmigrantes .
Siguen en pie dos consignas fundamentales del Partido Nacional Republicano: oposición intransigente a la inmigración ilegal y adecuación del flujo migratorio legal a las condiciones socio-económicas de cada momento, mediante políticas de cupos. En la presente situación, carece de sentido cualquier contratación legal de fuerza de trabajo extranjera.