Con el indulto concedido al vicepresidente del Banco Santander, Alfredo Sáenz, se constata una vez más que los gobiernos de este régimen no tienen otra función que la de defender los intereses del gran capital. La alternativa del PNR contempla la socialización del sistema financiero.
El Partido Nacional Republicano ha definido el juancarlismo como un régimen al servicio del capital financiero y oligopolista. El indulto concedido por el Consejo de Ministros en funciones al vicepresidente del Banco Santander, Alfredo Sáenz, respalda esta afirmación.
Una vez más, se constata que los gobiernos de este régimen no tienen otra función que la de defender los intereses del gran capital. Así, el pasado mes de noviembre, Zapatero, en uno de sus últimos actos al frente del ejecutivo hacía uso de su prerrogativa para indultar a Alfredo Sáenz, número dos de Botín y el directivo bancario mejor pagado de España, con nueve millones de euros anuales, de la condena dictada por el Tribunal Supremo por un delito de estafa procesal en su etapa al frente de Banesto. Y también, anulaba la inhabilitación aparejada para desempeñar puestos de dirección en bancos.
Al presidente saliente no le ha temblado la mano a la hora de otorgarla. Y es que Zapatero debe velar por los intereses específicos del PSOE considerando que una de las vías de recaudación de fondos del partido, aparte de las subvenciones y las tramas de corrupción, es la financiación bancaria. Pero, principalmente, con esta medida de gracia garantiza la impunidad de la clase hegemónica del juancarlismo. Esta connivencia entre banca y políticos de la monarquía, revelada en el sistemático mecanismo de condonación de los créditos concedidos tanto al PP como al PSOE, pone de manifiesto que la partitocracia y la oligarquía económica no son más que las dos caras de la misma moneda.
La banca española bajo los mandatos de Aznar y Zapatero se dedicó a prestar colosales sumas de dinero para engordar el fabuloso negocio inmobiliario. Pero esa financiación salió de créditos a corto plazo de los poderes financieros centro-europeos. Zapatero, que desde el 2004 había retrasado el estallido de la crisis de sobreproducción prolongando el crecimiento masivo de crédito, se lanzó, tras la quiebra en 2007 del ladrillo trasladada al sector financiero, (bancos y cajas estaban totalmente endeudados con el exterior), a la transformación del endeudamiento privado a corto plazo en endeudamiento soberano público a largo plazo. Para ello inyectó enormes cantidades de dinero público, 250.000 millones de euros, el 25% del PIB, en 2009.
En marzo de este año, el Banco de España ha cifrado el rescate de la banca en 15.152 millones, de los que 14.077 son para las cajas. Esta cantidad se tendría que sumar a los 11.559 millones ya concedidos por el FROB, lo que da un total de 25.636 millones. Esta cifra, que representa en torno al 2,6% del PIB, superaría el 2% de media que ha costado el rescate del sector financiero en la zona euro. Pero siguen siendo cálculos optimistas si tenemos en cuenta que los analistas internacionales habían cifrado la cantidad necesaria para el rescate en 50.000 millones y la misma Elena Salgado en 20.000 millones. Aquí, como en el resto de países, se nacionalizan las pérdidas de la banca privada y se privatizan los beneficios una vez ha sido saneada.
La inquebrantable lealtad del aparato político del régimen a la elite financiera significa ante todo la derrota del pueblo trabajador español, que ha de sufragar con sus impuestos la deuda bruta privada convertida en deuda pública y que asciende a 3,5 billones de euros, aproximadamente el 330% del PIB. Eso sí, desde las colas del paro, a costa de sus viviendas, con el grifo del crédito cerrado y soportando los ajustes –que no han hecho más que empezar– del programa neoliberal de reintegro de la deuda impuesto por Eurolandia.
En contrapartida, los banqueros españoles además de los extraordinarios beneficios obtenidos en el negocio inmobiliario, una vez quebrado éste, han recibido astronómicas cantidades a cuenta del contribuyente para tapar y enjugar los abismales agujeros de sus balances. Unos banqueros organizados en oligopolio, cuyos bancos existen por una mera concesión del Estado; que mantienen sus cuentas de resultados mediante la tasación ficticia de su patrimonio en ladrillo; que mantienen sus beneficios pidiendo prestado al BCE a un 1% y comprando deuda soberana a corto plazo con rentabilidades de al menos el 5%; y que cortan el crédito a pymes y particulares con objeto de aprovisionar fondos que enjuaguen sus pérdidas por el hundimiento de la construcción, todo con la complicidad del Banco de España. Por su parte, han aumentado la remuneración media de consejeros y altos directivos en un 48% desde 2004 a 2010. Y como colofón, reciben indultos concedidos por el rey.
En lo que respecta al futuro presidente del gobierno, Rajoy ha dado el visto bueno al perdón de Sáenz. Como ha venido haciendo estos años al apoyar el salvamento de promotoras inmobiliarias, los avales y compra de activos a los bancos o el rescate de las cajas, hace piña con el PSOE cuando se trata de avalar y proteger al sector financiero del reino.
Nuestra alternativa democrática y socialista para España no contempla privilegios para los banqueros, sino la socialización del sistema financiero –unificando todos los bancos y cajas en un Banco Nacional del Trabajo– con potestad de banco emisor, garante del flujo crediticio a las empresas y particulares; así como la creación de una institución pública dotada de financiación y potestad expropiatoria que le permita la adquisición masiva de suelo para la construcción de viviendas en régimen de alquiler y la gestión del enorme parque de viviendas vacías, actualmente en manos de la banca y sus inmobiliarias.
Esto implica el desacoplamiento con el sistema financiero de la Unión Europea, en aras de la recuperación de nuestra soberanía financiera, empezando por la fijación de los tipos de interés y la determinación de las tasas de cambio de la moneda. Es decir, la ruptura con Eurolandia y su dictadura monetarista abandonando el euro y negando la deuda pública y privada como contestación a los planes de ajuste impuestos por el capitalismo germano para la recuperación de sus préstamos. ¡Qué la deuda la paguen el rey, Botín y sus pajes de las finanzas y la partitocracia!
Estas transformaciones no son posibles dentro del vigente marco juancarlista, para el que no valen arengas moralizantes ni monsergas reformistas o alternancias en su aparato político, sino a través de la acción directa de masas dirigida al derrocamiento de la corrupta monarquía de los banqueros. Los trabajadores españoles tendrán que enfrentarse a una dramática disyuntiva: resignarse a correr con los gastos de todo, renunciado a sus conquistas, derechos y condiciones de vida, o ajustar cuentas mediante la instauración de una República española, democrática y de justicia.