Reiteramos que la problemática del desempleo en España no depende de modificaciones legislativas, sino de las carencias de un modelo productivo. Así, preconizamos un nuevo modelo económico. Pero no para parchear la gestión de un sistema en crisis, sino como materialización de nuestros postulados socialistas.
Bajo el dictado de Berlín, el régimen juancarlista impone el enésimo ajuste a los trabajadores españoles. El gobierno del PP ha aprobado por decreto una reforma laboral que profundiza en la misma dirección que la acometida por el anterior ejecutivo del PSOE: abaratamiento del despido, arrumbamiento de la negociación colectiva en favor de los acuerdos de empresa y privatización de los servicios de colocación. Ni la reforma de Zapatero impidió la sangría de parados ni la de Rajoy, jaleada por Merkel, permitirá crear empleo. Ante todo, impulsa la reducción de costes laborales en un brutal proceso deflacionista en aras de los planes de saneamiento y recuperación de la deuda de Eurolandia que destruirá más empleo y sumirá a España en la ruina.
El rey ha abogado abiertamente por la disciplina fiscal y las reformas estructurales, como la que afecta al mercado laboral. Uno de los prebostes mayores del reino, el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, urgía recientemente a abordar «cuanto antes una reforma laboral profunda y de calado». Estas posiciones retratan a la monarquía de los banqueros: un régimen al servicio de las oligarquías del gran capital, presto a ejecutar el recetario neoliberal de la UE y el FMI.
La reforma, «extremadamente agresiva»
La batería de medidas aprobadas trasciende el ámbito de lo estrictamente laboral. Prepara el terreno para el despliegue capitalista de los planes de austeridad y recortes pregonados por la UE.
Destaca el abaratamiento generalizado del despido, con el paso de la indemnización de 45 días por año trabajado a 33 días con un máximo de 24 mensualidades para los contratos indefinidos. Se flexibiliza el despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción con indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. Será suficiente para justificar causas económicas que las empresas presenten «pérdidas actuales» o, simplemente, «previstas» o una «disminución de ventas durante tres trimestres consecutivos». Los despidos amparados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aplicarán la misma indemnización. A partir de ahora, no requerirán la autorización de la administración.
Los ERE también alcanzarán al sector público. Los entes y organismos públicos que aduzcan «insuficiencia presupuestaria» podrán despedir al personal laboral contratado. Se abre la puerta a los despidos masivos, a la griega, de estos empleados de las administraciones y empresas públicas, un colectivo integrado por 850.000 trabajadores al servicio de ayuntamientos, comunidades autónomas, ministerios y empresas públicas. Esta previsión pondrá en manos del gobierno un fabuloso resorte para el control del déficit y gasto público.
En la nueva regulación los convenios de empresa tendrán prioridad sobre los acuerdos sectoriales, como los provinciales y los estatales. Asimismo se prevé la inaplicación de los propios convenios empresariales en el supuesto de disminución de ingresos o pérdidas durante dos trimestres consecutivos en materias como jornada, sistema de remuneración, salarios, etc.
Se potencia la potestad empresarial: la dirección de una empresa unilateralmente podrá rebajar sueldos por razones de competitividad o productividad, recortar jornadas, suspender contratos y cambiar las funciones de sus trabajadores si existen «probadas» razones económicas, técnicas, organizativas o de producción bien de forma individual o colectiva.
Así, con el descuelgue de los convenios y la posibilidad de modificar las condiciones sustanciales de los trabajadores por parte del empresario se liquida de un plumazo conquistas del mundo del trabajo tan básicas como la negociación colectiva y retroceden las relaciones laborales a la atomización entre patrono y trabajador característica de principios del siglo XIX.
Finalmente, de rondón, se cuela la privatización de los servicios públicos de empleo empotrando a las empresas de trabajo temporal (ETT) como colaboradas en la colocación de trabajadores.
La coartada: «las bases para volver a crear empleo»
Como característica general, las anteriores reformas introducidas en el mercado de trabajo han permitido un aumento del subempleo, la temporalidad y la extensión de la precariedad. Asistimos a un ataque global sobre las rentas del trabajo a través del salario en sus tres componentes: directo, indirecto y diferido. El pretexto recurrente para desencadenar una reforma laboral siempre es el mismo: la reducción de las tasas de desempleo o la creación de nuevo empleo mediante la eliminación de rigideces.
Pero no es la legislación en vigor hasta la fecha la que explica los contingentes de parados, tal y como ha aseverado la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, sino el hundimiento del modelo productivo basado en la burbuja del ladrillo. Una burbuja promocionada por el gobierno de Aznar y estirada por Zapatero, con recurso intensivo a la mano de obra barata, amén de la sequía crediticia a la que están sometidas las empresas tras el pinchazo por el cierre del grifo de liquidez de los bancos y cajas de ahorro del juancarlismo, afanados en enjugar sus putrefactos balances después de haber pegado el pelotazo.
Pese a que el propio Rajoy ya ha advertido que no se creará empleo de manera inmediata y que éste, incluso, aumentará durante este año, se argumenta que con esta reforma se creará empleo. Pero para esto sería preciso crecer anualmente a un ritmo del 2% en términos PIB, cosa que ni la más optimista de las previsiones contempla para antes del 2014. Amén de que en la eurozona el dinero fluyera a raudales como hace una década, lo cual ya es historia. El relanzamiento de la economía requeriría del motor de un nuevo sector que diera el tirón, al igual que lo hiciera en su momento la actividad de la construcción.
Sin embargo, a la luz de las medidas adoptadas, lo que se persigue es un aumento de la competitividad mediante la reducción de costes laborales. Lo cual significa que en ningún caso se creará empleo: el abaratamiento del despido y las facilidades para resolver las relaciones laborales por parte de las empresas propician la destrucción de empleo a la par que, que de manera indirecta, procuran la bajada de los salarios que, conforme a la nueva legislación, además podrán ser recortados por decisión discrecional de la dirección de las empresas.
Los lumbreras de turno sitúan esta ventaja competitiva en relación a la potenciación del débil sector exportador español. Suponen que de la noche a la mañana las empresas van a conquistar los mercados exteriores con mano de obra barata, que no se podrá medir nunca con la semiesclava de países emergentes o subdesarrollados, y con productos y servicios made in Spain, impulsando el crecimiento de la economía en un escenario internacional presidido, precisamente, por la contracción de la demanda.
Devaluación interna
En realidad nos enfrentamos a un salvaje proceso de devaluación interna bajo el diktat del Euro-Reich: durante la pasada década en la que el dinero fluía a espuertas desde los bancos alemanes, los salarios y precios españoles, como en otros países periféricos de la eurozona, crecieron a un ritmo superior que el resto de los europeos. Ello ha afectado a la merma de competitividad de la UE. Tal divergencia podría ser enmendada mediante la corrección de precios y salarios al alza en los países de la Europa del norte y central. Sin embargo, el camino emprendido por Eurolandia es el inverso: Alemania exige el reajuste a los periféricos. De lo contrario se abriría una espiral inflacionista que afectaría a la competitividad de su sector exportador y a su estabilidad económica.
La deflación implicará la destrucción de más empleo en España, la caída en picado del consumo y el aumento del gasto público para la atención del desempleo, lo cual incidirá negativamente en el déficit que, a su vez, retroalimentará la deuda en un círculo vicioso que sumirá a los españoles en un retroceso sin igual de sus condiciones de vida.
Colonización
El líder de UGT, Cándido Méndez, al pronunciarse sobre la nueva regulación laboral comentó «que el Gobierno actúa como si España fuera un país intervenido». Efectivamente, España es un protectorado desde mayo de 2010, fecha en la que el gobierno de Zapatero, a instancias de Eurolandia, comenzó a machacar a los españoles con los ajustes que ahora se prolongan con Rajoy.
Mano de obra inerme, despojada de recursos colectivos para la defensa de sus derechos y condiciones de trabajo; barata y disciplinada, temerosa de engrosar «el ejército de reserva industrial» que, según algunas fuentes estará conformado por un paro estructural de entre el 14% y el 16% de la población activa. De momento, beneficiará las necesidades de las empresas alemanas y demás multinacionales acantonadas en España. La reforma estimulará la entrada a saco de los inversores y prestamistas centroeuropeos, ávidos por resarcirse de la deuda que acumula el reino y que sólo podrá ser saldada mediante el expolio de sectores enteros de la economía pública y privada.
Sindicatos
Los bonzos sindicales han anunciado movilizaciones ante la reforma. Eluden la convocatoria de una huelga general temerosos de protagonizar un estrepitoso fracaso como la farsa del 29-S. En caso de celebrarla, será también una huelga pactada para anular en el viejo e inocuo “ritual obrerista” cualquier conato de explosión o rebelión.
Por el momento, claman por la concienciación. Ha sido y es uno de sus cometidos como órganos del capitalismo que son. Insertados en el aparato juancarlista han actuado como maquinarias de “concienciación” en el engaño sistemático de los trabajadores españoles durante décadas: con la prédica del trágala de la competitividad y empleo en la UE; con la monserga del “diálogo social” y la “paz social”; llamando a arrimar el hombro por una crisis de la que no son culpables los trabajadores; pactando la moderación salarial con incrementos por debajo del IPC hasta 2014. Apresuradamente, Méndez, ya ha anunciado que la siguiente etapa a las movilizaciones, cómo no, será una negociación.
Socialismo: un combate por nuestra soberanía e independencia nacional
El Partido Nacional Republicano considera que la lucha del pueblo trabajador contra la ofensiva capitalista es una lucha política de impronta nacional cuyo objetivo inmediato es el derrocamiento de la monarquía de los banqueros con movilizaciones masivas en la calle, como paso previo a la instauración de la Tercera República Española.
Reiteramos que la problemática del desempleo en España no depende de modificaciones legislativas, sino de las carencias de un modelo productivo caracterizado por un uso intensivo en la mano de obra; bajo valor añadido de los bienes y servicios producidos; una baja capitalización social de sus empresas; un tejido empresarial con predominio de pequeñas y muy pequeñas empresas; paupérrima innovación e investigación; alta dependencia energética y tecnológica; reducida participación del sector industrial en el PIB; y un débil sector de servicios con primacía del vampírico sector financiero sobre el conjunto de la economía.
Consecuentemente, preconizamos un nuevo modelo económico. Pero no para ofrecer remedos y arbitrios para la gestión de un sistema en crisis, sino como materialización de nuestros postulados socialistas cuyo fin último es la soberanía e independencia nacional de España, meta irrealizable bajo el vigente marco.
El PNR pretende implantar un Plan Nacional del Trabajo basado en un potente sector público que englobe a los sectores estratégicos de la economía, lanzado al rearme industrial y tecnológico. Entre otros, serán ejes prioritarios de este Plan la consecución de la independencia energética y la creación de una Banca Nacional que recupere las funciones soberanas de la economía, como la emisión de moneda y la fijación de los tipos de cambio e interés, a la par que facilite el flujo de crédito en condiciones favorables a las pymes.
Todo ello implica inexorablemente una doble fractura: hacia fuera, frente al imperialismo alemán mimetizado en la «gobernanza europea». Invariablemente pasa por la ruptura con el euro, la Unión Europea, el no reconocimiento de la deuda, el rechazo de la disciplina fiscal y los planes de ajuste de Eurolandia.
Hacia dentro, esa fractura reclama un combate contra todos y cada uno de los componentes del juancarlismo en dos vertientes: una, en su calidad de sicarios y colaboracionistas del Euro-Reich. La otra, como régimen coronado del gran capital, encorsetado en un modelo de estado autonómico, insostenible económicamente e inadmisible políticamente por su carácter centrífugo, vertebrado por una partitocracia corrupta en entente con las burguesías anti-españolas de Vascongadas y Cataluña y legitimado socialmente por los grandes aparatos sindicales.
¡No a la Reforma laboral!
¡No a los planes de ajuste de Eurolandia!
Por nuestra independencia y soberanía nacional,
¡abajo la monarquía de los banqueros!