La crisis actual es la excusa para la demolición del Estado español. Frente al despido de funcionarios y empleados públicos, el desmantelamiento de sus estructuras y la privatización de sus servicios por el régimen juancarlista, reivindicamos la idea del Estado como patrimonio de los ciudadanos españoles al servicio de la Nación.
A Esperanza Aguirre, condesa de Murillo y funcionaria en excedencia, le gusta el populismo. Hace pasar por medidas de gobierno guiños al imaginario primario de sus votantes. Le gusta, también, aparecer como el mascarón de proa del neoliberalismo cañí. Sus aduladores, incluso, la comparan con Margaret Thatcher, aquella dama de hierro del siglo pasado.
Acaba de anunciar que pretende reducir a la mitad el número de diputados en la Asamblea autonómica madrileña entre otras medidas para recortar los presupuestos y aumentar los tributos. Ha sido jaleada por sus huestes: ¡bravo! ¡no sólo se recorta otra vez el sueldo sino que elimina un puñado de diputados! Populismo en tiempos de crisis.
Antes de esto ha llegado a proponer que el Estado central recupere las competencias más costosas para los gobiernitos autonómicos. ¡Y encima es una patriota preocupada por el descoyuntamiento del Estado! Pero no es más que una forma de ajustar su déficit. Más populismo en tiempo de crisis. Meras poses a las que el Partido Nacional Republicano responde: ¡acabemos con el Estado de las autonomías! ¡vertebremos a España con un Estado unitario en lo político y descentralizado en lo administrativo!
Grande de España
Siendo como es el ariete del liberalismo más puro lo lógico sería que su trayectoria profesional fuera acorde con su ideología. Que hubiera despuntado en la economía privada, como emprendedora o como profesional al servicio de alguna sociedad anónima o limitada. Nada más lejos. Es un ejemplo de la podredumbre del liberalismo español decimonónico.
En lo personal, Esperanza Aguirre pertenece a una familia aristocrática: es nieta de los condes de Sepúlveda y nieta de un procurador de las Cortes franquistas. Se casó con el conde de Murillo, grande de España, que es básicamente un terrateniente a la vieja usanza que vive de las subvenciones agrícolas y ganaderas. Tiene dos hijos, a los que ya les han dado un título nobiliario. Presume de sangre azul.
Se licenció en Derecho y aprobó unas oposiciones al Cuerpo Superior de Administración Civil del Estado. Una liberal recalcitrante como ella optó por empotrarse en el Estado como alta funcionaria desde bien pronto. Durante tres años ejerció como tal hasta que escaló hasta los puestos de nombramiento a dedo del Ministerio de Cultura durante el gobierno de Adolfo Suárez. Desde entonces no ha dejado de ser una política profesional del juancarlismo. Jamás ha trabajado para la propiedad privada, siempre ha vivido del Estado.
Esta convicción íntima, la de que mejor que la nómina la paguen los ciudadanos, la condesa de Murillo la ha aplicado a su familia. Hace poco, su hijo Álvaro (conde de Villariezo) fue designado a dedo asesor del secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz (un muchacho de Aznar procedente de FAES). Más recientemente, su hermana Cristina también ha sido elegida asesora de una concejala madrileña (con un sueldo de casi 50.000 euros anuales).
Siempre se ha negado a hacer público su patrimonio y ha argumentado que la política le cuesta dinero. Sonoro fue en su día el escándalo de la estación del AVE de Guadalajara ya que los terrenos expropiados para realizarla eran de la familia de su marido. Algo nada difícil a la vista de los latifundios que poseen en la provincia. En cualquier caso, esta decisión sobre los planos del trayecto les proporcionó un pelotazo familiar urbanístico.
Liberales españoles
Esto podría parecer una excepción pero no es así. Son abundantes los casos similares en la fracción pepera de la clase política juancarlista. Otro ejemplo es Dolores de Cospedal, apadrinada en su día por la condesa de Murillo y que ahora vuela por libre y tan alto que es invitada a las reuniones del Club Bilderberg. La presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP hizo algo muy parecido: tras licenciarse en Derecho quiso convertirse en funcionaria. Tras ejercer un poco de abogada del Estado se liberó para ser otra profesional del juancarlismo.
No son las únicas. El mismo Rajoy se convirtió en registrador de la propiedad con 24 años. De su gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y Miguel Arias Cañete se convirtieron en abogados del Estado al acabar la carrera y Alberto Ruiz-Gallardón en fiscal. Jorge Fernández Díaz ―ingeniero―, Ana Pastor ―médico― y José Manuel Soria ―economista― han sido, también, funcionarios desde bien jóvenes y no han trabajado para la empresa privada. Otros como José Manuel García-Margallo ―inspector técnico fiscal del Estado― han compatibilizado su condición de funcionarios con la docencia. Cristóbal Montoro, es catedrático y Ana Mato fue por muy poco tiempo profesora universitaria. Sólo José Ignacio Wert y Luis de Guindos, funcionarios también, han trabajado en diversos momentos en el mundo de la economía privada. El de Economía dirigió el banco Lehman Brothers en España y Portugal hasta su quiebra en 2008. Únicamente dos ministros (Pedro Morenés y Fátima Báñez) no son funcionarios.
En resumen, como hemos dicho siempre: el liberalismo español es lo que es. Los liberales españoles nunca tuvieron nada que ver con los anglosajones. Son el producto derivado de la oligarquía que siempre ha vivido, vive y quiere seguir viviendo mediante la patrimonialización del Estado, ordeñándolo como a las vacas que pastan en los latifundios de los condes de Murillo.
Nepotismo
Un estudio reciente ha constatado la existencia de una «nobleza de estado» por cuanto el 20% de los nuevos altos funcionarios cuentan con un pariente cercano en alguno de los altos cuerpos de la administración». Se han hallado evidencias de la existencia de nepotismo: en dos de las tres oposiciones estudiadas, los parientes obtienen resultados mejores en los ejercicios orales de lo que cabría esperar con arreglo a su puntuación en las pruebas de tipo test.
Es muy interesante esta denuncia del nepotismo en el alto funcionariado y del papel del sistema educativo en el mantenimiento de la impermeable jerarquización social ahora que está en marcha un ambicioso plan para laminar el sistema de enseñanza del Estado.
Esto también nos remite a los condes de Murillo, a un ejemplo que afecta a su hijo enchufado. En las pasadas elecciones a rector de la Complutense se presentó el decano de Derecho, José Iturmendi. Al margen de que haya colocado en la universidad a su mujer, a su hijo y a la novia de éste, concede matrículas de honor de manera selectiva: alumnos suyos denunciaron que en un curso dio 8 sobre 167. Todas para hijos señalados: los de Esperanza Aguirre e Isabel Tocino, a un pariente de Ruiz-Gallardón, a una nieta de Hernández Gil, etc. Lo más curioso es que para poder dar clase a estos vástagos, Iturmendi los pasó a su grupo porque correspondían por sus apellidos a otros profesores.
Desmantelamiento y privatización
Estos funcionarios liberales y liberados que ejecutan los recortes presupuestarios ordenados por Berlín y otras capitales son abanderados furibundos de la privatización. Su fin es desmontar pieza a pieza el Estado. Concretamente los dos sectores más apetitosos para el capital privado: la educación y la sanidad. El puro saqueo del patrimonio de los ciudadanos españoles. Esto lo venimos diciendo desde hace mucho.
Sus voceros mediáticos no dejan de denunciar que sobran funcionarios. La patronal los cifra en 900.000. Machacan el imaginario colectivo de los contribuyentes hasta imponer esta máxima. Pero en realidad, España es uno de los países de la OCDE con menos empleados públicos respecto del total de fuerza laboral: el 13% de la población activa española trabaja en el sector público, siendo este porcentaje uno de los más bajos de la UE-15. La media europea es del 16%. Y muy lejos de los niveles de países más desarrollados como Dinamarca (26%), Suecia (22%) y Finlandia (19%). Más evidencias: en 2008 en España había 18,09 habitantes por empleado público, dato similar al de Alemania (18,26), pero mejor que el de Francia (12,5), Italia (17,3), Portugal (13,9), Bélgica (12,5), Suecia (8,1), Finlandia (9,4) o Países Bajos (16,4).
Si desde 1995 el empleo público ha crecido en España ha sido por el bajo punto de partida y por la ampliación de la protección social del Estado, eso que los socialdemócratas denominan ―colgándose la medalla― Estado del bienestar. En los hospitales faltan especialistas, en los juzgados se acumulan los casos, parte del fracaso escolar se explica por la falta de profesorado de apoyo y refuerzo, el fraude fiscal campa a sus antojos por la deficiencia de inspectores tributarios, etc. El elevado porcentaje de funcionariado interino es consecuencia de su imperiosa necesidad para que los servicios estatales no se colapsen. Pese a la monserga liberal, un Estado no es más eficaz por tener menos funcionarios. Si esto fuera así, España estaría mejor que EEUU, Alemania o Francia.
Sobran políticos
Anuncios como el de despedir a la mitad de diputados madrileños de la condesa de Murillo sólo son una cortina de humo que oculta la realidad de la clase política del juancarlismo. Porque si algo sobra son profesionales de la política empotrados en las administraciones públicas. Según un estudio [2] encargado por la Presidencia del Gobierno, en España hay 445.568 políticos, el doble que Italia y Francia, y trescientos mil más que en Alemania. Téngase presente que la población de España es de 47 millones de habitantes mientras que las de Italia y Francia son de unos 55 millones y que Alemania alcanza los 80 millones.
Es el país con mayor número de políticos con cargos públicos por habitante de toda Europa. Estos liberados del juancarlismo se reparten por todos los niveles de la administración, empresas públicas, fundaciones, entes, agencias, organismos, etc.
El estudio desvela, que el tamaño de nuestra administración no se encuentra distorsionado entre los funcionarios que prestan servicio directo al ciudadano (profesores, administrativos, médicos, policías, etc.), sino entre los políticos que pueblan nuestra administración. La mayor cantidad de políticos colocados en la administración, lo están en organismos dependientes de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Precisamente, es bajo la llamada asesoría donde más políticos hay contratados, señalando incluso que en muchas ocasiones se dan casos de asesores que asesoran a otros asesores y así sucesivamente hasta llegar a un cargo electo.
En empresas públicas o con participación pública, en su mayoría son autonómicas y municipales, hay empleados 131.250 políticos. Los políticos contratados como cargos de confianza son 40.000. Los ayuntamientos comprenden 8.112 alcaldes y 65.896 concejales. Cabe destacar los cargos de designación directa en los sistemas sanitario y educativo de 8.260 y 9.320 políticos respectivamente, que realizan tareas de asesoramiento, planificación y control del resto de empleados públicos. Los liberados sindicales son unos 65.000 y los liberados de las patronales son unos 31.000 (más 6.000 en las cámaras de comercio).
Fortalezcamos el Estado
Ante la pretensión de desmontar el Estado español, el Partido Nacional Republicano reafirma su compromiso con su fortalecimiento. El Estado será la columna vertebral de la Tercera República, ampliará su cobertura sobre la ciudadanía, ordenará y ejecutará la planificación de una economía al servicio de los españoles, reforzará su condición de patrimonio de todos los ciudadanos, lo modernizará racionalizando su estructura e incorporando los más avanzados métodos y técnicas de gestión, lo hará más efectivo en la prestación de los servicios sociales (Seguridad Social, Educación, Sanidad, Seguridad, Fuerzas Armadas, Justicia, etc.), y lo revertirá de manera efectiva a la ciudadanía mediante el desarrollo de procedimientos democráticos.
Para ello lo sustraerá de manera definitiva de todos aquellos individuos y colectivos empotrados en el mismo con el único fin de utilizarlo en su propio beneficio. Recuperará, en definitiva, el principio primigenio de servicio a la Nación, dignificará la condición de los servidores públicos, premiará su dedicación a la comunidad política de ciudadanos.
Pero todo esto no es posible dentro del régimen juancarlista. Todo esto sólo será posible tras su derrocamiento. No es tiempo de reformas ni defensas de modelos periclitados. Es el momento de afrontar la realidad y de aprestarse a la lucha política. La del pueblo español contra el cáncer que estrangula la vida de la Nación.