La posición antiparlamentaria del Partido Nacional Republicano no proviene de un rechazo del Estado ni de la negación de la necesidad de órganos electos de representación política. Se desprende de su propuesta de refundación nacional de España, que implica el avance hacia la instauración de una república democrática.
La posición antiparlamentaria del Partido Nacional Republicano no proviene de un rechazo del Estado, propio de los anarquistas, ni de la negación de la necesidad de órganos electos de representación política. Se desprende de su propuesta de refundación nacional de España, que implica la defenestración del vigente régimen y el avance hacia la instauración de una República democrática y, por lo tanto, unitaria, presidencialista y socialista. Esto no es posible a través de los marcos institucionales del juancarlismo. Sólo lo es a través de una vía de acción directa de masas que forje sobre la marcha sus propios marcos de combate.
Democracia y homogeneidad nacional
El PNR distingue la democracia del liberalismo.
El liberalismo se asienta en la libertad del Individuo; la democracia, en los principios de homogeneidad nacional y de igualdad de los ciudadanos ante la ley y en cuanto a condiciones sociales de desarrollo (punto 1 del Programa del PNR).
La democracia sólo es realmente posible cuando la Nación es homogénea: por los principios políticos que informan el estatus de sus nacionales y por sus estructuras sociales. Sólo en este caso cabe hablar con propiedad de la formulación de intereses nacionales. En Expaña, al igual que en todas las “democracias parlamentarias occidentales”, la pretensión de homogeneidad nacional es un embeleco, a la vista de la aplastante hegemonía del gran capital financiero y oligopolista sobre los asalariados, autónomos y pequeños negocios. Pero, además, en nuestro caso registra tintes de burla cruel por cuanto las necesidades de dicha hegemonía han alentado a diversas burguesías regionales a erigir unas “naciones” racistas, lingüísticas o meramente costumbristas que se emplean a fondo en la persecución de todo cuanto miente la condición de español, a la vez que reivindican el derecho al saqueo del resto del “Estado”.
Una máscara de la desigualdad, el expolio y la opresión
El vigente régimen del gran capital utiliza, para dar vida a sus procesos electorales, la aspiración de nuestros compatriotas a la igualdad y su deseo de servirse de ella para influir en los destinos de España. Pero bajo ese régimen, la igualdad ciudadana de los españoles es una mentira. Los órganos representativos de la monarquía no expresan los intereses de conjunto de los españoles, sino la lógica del beneficio de la gran burguesía y del medro de sus servidores políticos, junto al despliegue del proyecto confederalizante borbónico de aniquilación nacional de España. Todo ello a costa de la ruina y de la desesperación de inmensos sectores del pueblo trabajador, cada vez más enclaustrado en los cortijos autonómicos.
La vigente constitución otorga a las Cortes y a los parlamentos regionales la potestad de producir leyes, es decir, normas de alcance general, decididas a través de un proceso de discusión racional. Pero, en realidad, lo que esos órganos evacuan bajo el pomposo nombre de leyes no son más que el fruto de transacciones y componendas entre aparatos de la “clase política” juancarlista. Y ni siquiera son marcos de “debate”. Se limitan a la mera aprobación y ratificación de pactos urdidos fuera de las cámaras parlamentarias.
Chatarra ideológica
La fábula de la “democracia” en Expaña reposa, en gran medida, en la superstición de origen marxista según la cual el PSOE, el PSC e IU son “partidos obreros”, sin duda “reformistas”, bastante corruptos y quizá un poco traidores que, sin embargo, siguen vehiculizando la representación de los sectores populares en los órganos parlamentarios. Gracias a ellos, se dice, se reúnen los ingredientes que permiten integrar la “voluntad general”.
Los nacional-republicanos rechazamos como chatarra ideológica las distinciones entre partidos obreros y partidos burgueses. El PSOE y el PP, IU y UPyD, CiU, PNV y ERC, etc., no son más que fracciones políticas del régimen monárquico del capitalismo. Incluso ETA y sus tentáculos políticos son funcionales a la estrategia antinacional del régimen, que ha permitido durante décadas su terrorismo y cuando ha sido preciso le ha proporcionado respiración asistida. Como ocurre con ciertos árboles, si crecen demasiado, se les poda y si se secan, se les riega.
Gobernantes y gobernados
Es consustancial a la democracia la máxima identificación entre gobernantes y gobernados. Tal empeño ya fue negado por el Estado liberal durante todo el siglo XIX y parte del XX, al excluir el voto de grandes sectores de la población. Tras la segunda guerra mundial, sigue siendo imposible. Expuso en esta misma página P. J. Cadalso, en el artículo «El parlamentarismo, opio de las masas», publicado en julio de 2009:
«En la fase del capital monopolista, el sistema de gobierno parlamentario decimonónico, hiperpluralista, se ha trasmutado en partitocracia, en sistema oligárquico de partidos: la política de mercado que siempre ha constituido el liberalismo, se limita ahora a una escenificación en la que grandes oligarquías políticas, catapultados por el gran capital, se someten a burdos plebiscitos en el ritual periódico de los procesos electorales. Este análisis refleja una realidad: la evolución de los aparatos políticos de la forma de gobierno liberal parlamentaria corre pareja a la evolución del sistema económico. De la “libre concurrencia” se pasa al oligopolio. En este proceso no hay marcha atrás, ni económica, ni política.
Así, en las recientes elecciones europeas, únicamente el PSOE y el PP contaban con la posibilidad de obtener resultados relevantes. A su cuantiosa financiación pública regular, completada por la irregular a través de tramas mafiosas adheridas como ventosas a las instituciones y al capital privado, se suma el hecho de que el PSOE controla el 70% de los grandes medios de comunicación y el PP gran parte del resto. A mucha distancia, y para complementar a esos grandes partidos, u oficiar como bisagras entre los mismos, han concurrido diversos partidos medianos –IU, UPyD, CiU y PNV–, estos dos últimos también enfangados en el expolio y el clientelismo a través de las instituciones autonómicas que controlan y, como apoyos regionales del PSOE, algunos partidos separatistas de menor entidad.»
Al margen de esos partidos, cuyos programas son simples reclamos publicitarios con el único destino de ser incumplidos, todo lo demás es paisaje. Ello no obsta para que múltiples grupos de exigua entidad, extremistas o estrafalarios, presenten sus candidaturas con el fin de “darse a conocer” y “hacerse visibles”. Pequeñas contribuciones enriquecedoras del “pluralismo” del régimen.
El problema fundamental del cambio
A todo lo anterior hay que sumar otra función esencial del parlamentarismo liberal. Éste no sólo se esfuerza en monopolizar el concepto de democracia, sino que reduce toda posibilidad de lucha política a la acción electoral. Así, el parlamento desempeña una función de defensa indirecta del orden capitalista, evitando un desgaste que se derivaría de un continuo recurso a la fuerza represiva.
De aquí que el principal problema planteado a los partidarios de la superación del actual sistema es la necesidad de desbordar los diques impuestos por su seudo-democracia; de extender la convicción de que el dogma oficial según el cual toda lucha política ha de canalizarse a través del mecanismo parlamentario, es un engaño. Como condición de victoria, la lucha nacional-democrática y socialista ha de entablarse en el terreno que a toda costa quiere evitar el poder: el terreno de la acción política directa de masas, desde sus formas más simples hasta las más complejas. Hay que dar la espalda a los partidos oficiales y a las grandes centrales sindicales; hay que salir de los centros de trabajo, estudio, etc., para impulsar concentraciones en los puntos neurálgicos de las ciudades. Hay que rechazar toda forma de dirección de las luchas que no sean las asambleas soberanas, los comités elegidos en las mismas, los piquetes de extensión de las acciones y, cuando sea posible, juntas territoriales capaces de englobar la movilización de los diversos sectores populares.
Lo anterior no autoriza ninguna actitud de indiferencia ante los comicios oficiales. Deben ser aprovechados para intensificar la propaganda y agitación por el derrocamiento de la monarquía merced a una rebelión nacional que eleve sin cesar sus contenidos y formas hasta la instalación de la III República. Sin esta labor, las propuestas de voto en blanco y las simpatías hacia el abstencionismo militante verían mermado sustancialmente su valor de fractura entre sectores amplios de luchadores y la partitocracia encumbrada. Y su valor de medio para facilitar el avance en la construcción de un partido de temple especial, que signifique una organización históricamente nueva.