La República Española que preconiza el PNR reclamaría una modalidad de representación política ajena a la presente. Las mecánicas del régimen parlamentario difieren sustancialmente de las del sistema presidencialista republicano que postulamos.
La República Española que preconiza el Partido Nacional Republicano reclamaría una modalidad de representación política ajena a la presente. Las mecánicas del régimen parlamentario difieren sustancialmente de las del sistema presidencialista republicano que postulamos. El actual sistema electoral, en cumplimiento de una determinación expresa de la constitución de 1978, consagra la lógica de la representación-muestra para la elección de miembros del Congreso de los Diputados. Acude a la fórmula distributiva, o proporcional, para conceder representación, como pretendida reproducción a escala de la pluralidad política. Por el contrario, el carácter integrador y democrático de la República determinaría la necesidad de recurrir a fórmulas mayoritarias que expresasen de forma neta y concisa el mandato de la generalidad del cuerpo nacional para acometer un programa de gobierno. Claramente, frente al sistema de representación-muestra, la alternativa nacional-republicana se decantaría por el de representación-mayoría. No hablamos de una opción técnica, que se agota en un procedimiento para el reparto de escaños, sino de una opción política para la Tercera República Española.
El sistema electoral es un subsistema del político. Huelga decir que, por sí, bajo el régimen vigente sería absurdo plantear cualquier reforma del sistema electoral. En este sentido, se han hecho dos tipos de propuestas: las que pretenden superar la crisis de representación, característica de las sociedades postmodernas, achacada al predominio partitocrático. Y aquellas otras que postulan reformar la ley electoral para reducir el protagonismo de los partidos pequeños-nacionalistas en el ámbito estatal. Igualmente, aquí tampoco nos hallaríamos ante una elección técnica, sino política.
I. La Tercera República Española, régimen electoral para un sistema presidencialista
Estos serían algunos apuntes para bosquejar el sistema electoral de la República Española única e indivisible:
¿Mandato o muestra?
La articulación de fórmulas distributivas fue uno de los parapetos que el liberalismo decimonónico levantó ante el irremisible acceso de las masas a la vida política. Las oligarquías económicas, temerosas de quedar sin representación, se aseguraron mediante el sistema proporcional su presencia en los parlamentos. Podemos afirmar con rotundidad que es una técnica concebida en sus orígenes con fines anti-democráticos.
Actualmente, proporcionalidad se utiliza como sinónimo de representación. Las fórmulas distributivas conceden representación a las fuerzas políticas en proporción a los votos obtenidos, reflejando una muestra de la diversidad de preferencias políticas. Por lo general, su intención es formar mayorías mediante la agregación de minorías, esto es, gobiernos de coalición. Sin embargo, un sistema electoral basado en estas fórmulas de reparto de voto puede resultar, paradójicamente, desproporcionado por acción de otros elementos, tales como el prorrateo electoral, o la magnitud de los distritos. Así ocurre con el sistema electoral del juancarlismo, que arroja índices de desproporcionalidad superiores incluso al de los sistemas mayoritarios.
Los sistemas mayoritarios obedecen a otra lógica: quien más votos obtiene, gana. No hay representación para las opciones que quedan por detrás en número de votos en una determinada circunscripción, por exigua que sea la diferencia. No hay más representación que la que otorga la mayoría: no se entra a considerar la necesidad de mostrar la diversidad ideológica o política de una circunscripción. Esta dinámica requiere una fuerte cultura democrática para admitir la alternancia de mayorías. Se impone la concepción de la representación como mandato para acometer el programa de gobierno elegido por la mayoría.
El acceso a las instituciones republicanas
La rigurosa separación e independencia de poderes, implica la elección separada de los mismos. Es un principio capital que presidirá el nuevo marco jurídico-político republicano. Aquí, los mecanismos de investidura emanan directamente del pueblo soberano español.
República Presidencialista, ejecutivo
El acceso a la Presidencia de la República mediante la elección directa por conjunto de la nación podría establecerse sobre la base del territorio nacional, tomada como circunscripción única de carácter uninominal. La identidad entre gobernantes y gobernados sería completa. La adopción del sistema mayoritario a dos vueltas, propio del sistema semipresidencialista francés, podría ser admisible con la finalidad de legitimar con un plus democrático al vencedor de entre aquellos dos candidatos con mejores resultados que, en la primera vuelta, no hubieran obtenido la mayoría absoluta.
Correspondería al Presidente de la República designar a los integrantes del gobierno discrecionalmente, sin necesidad de que estos revistieran la condición de miembros de la Asamblea Nacional.
Asamblea Nacional, legislativo
Los diputados de la Asamblea Nacional serían elegidos a través de fórmulas mayoritarias entre aquellos ciudadanos que se presentaran por listas de partidos, coaliciones electorales o a título personal, sobre la base de distritos o circunscripciones uninominales establecidas en el marco de las provincias. Los miembros de la Asamblea Nacional son representantes de la Nación, no de las circunscripciones por las que han sido elegidos. Le correspondería las funciones de controlar al ejecutivo y legislar en aquellas materias de su orden.
Tribunal Supremo, judicial
Serán los propios miembros de la carrera judicial quienes tendrán que designar a los integrantes de la máxima instancia judicial, sin perjuicio de la potestad presidencial para designar a una parte de los mismos, con carácter vitalicio.
II. El sistema electoral de la monarquía parlamentaria del 78
El sistema electoral del juancarlismo
El carácter transaccional de la “transición”, determinó que se recurriera a la fórmula distributiva, en la variante D´Hont, para la elección del Congreso de los Diputados.
El cambalache de la “transición” exigía un sistema que permitiera obtener representación a todas las fuerzas comprometidas con el cambio. Asimismo, se pretendía facilitar que el nacionalismo periférico, travestido de oposición democrática anti-franquista, quedase integrado con carta de naturaleza en el nuevo régimen.
Para evitar una excesiva fragmentación en el voto y con la finalidad de otorgar la hegemonía al partido de Suárez, la UCD, se optó por la circunscripción provincial de baja magnitud, que en distritos poco poblados primaba, inicialmente, el voto de centro-derecha. La introducción de este elemento corrector del sistema proporcional ha marcado hasta nuestros días dos características genuinas de la escena política del juancarlismo: una, la bipolarización en torno a dos grandes partidos estatales, marginando a terceras fuerzas con vocación de “bisagra”. La otra, la posibilidad de arbitrar la política nacional otorgada a partidos que concentran el voto en sus circunscripciones, caso de los separatistas.
La culpa no es D´Hont, es del régimen del 78
La fórmula para el reparto de votos no es determinante. Prorrateo electoral, magnitud de los distritos y barrera efectiva pueden distorsionar completamente la expresión de las preferencias de los electores en un sistema proporcional. Las circunscripciones más pobladas son castigadas frente a la menos pobladas El coste en votos de un escaño en Madrid es muy superior al de Soria.
Periódicamente se alzan voces que claman por una reforma del sistema electoral. Nos importa bien poco cualquier propuesta de reforma formulada para este régimen. Recientemente, para las elecciones municipales y autonómicas, Rajoy proponía que sólo pudiesen acceder a la representación aquellos grupos que hubieran obtenido, al menos, un 30% de los votos. La reforma propuesta por el líder la oposición sólo puede ser tildada de oportunista. Acceder el gobierno de ayuntamientos y comunidades autónomas mediante la coalición de minorías está en lógica de la ley electoral y es un recurso al que se acoge el PP.
Años atrás, era IU el partido siempre perjudicado en las elecciones, que reclamaba una reforma que hiciera justicia a la representación parlamentaria que le debería corresponder de acuerdo a los votos obtenidos. IU, y cualquier partido de extensión nacional que no concentre el voto en una circunscripción, es víctima del mismo sistema que premia el voto de aquellas formaciones de ámbito regional que concentren el voto en la misma.
Actualmente, se ha retomado la crítica a un sistema que prima la representación de los partidos separatistas y les concede preponderancia decisiva sobre el conjunto de la nación. Nuevamente, se propone introducir un reforma, si bien, sin especificar que es lo que se debería modificar, a salvo de proclamar medidas adicionales consistentes en incrementar el número de diputados a elegir por circunscripción, o tal como han reclamado algunas corrientes radicalizadas del constitucionalismo oficial, establecer, entre otros requisitos, un mínimo del porcentaje de votos en la totalidad de las 52 circunscripciones electorales para acceder a la representación en el Congreso de los Diputados y el Senado. Se trata de tímidos reajustes, medidas vergonzantes y cobardes para limitar al separatismo que ha legitimado el juancarlismo. En cualquier caso, exigiría una reforma constitucional al cuestionar el precepto que establece atender a “criterios de proporcionalidad”, cuando no una contradicción con el principio de “pluralismo político” recogido en el Título Preliminar. Ni siquiera pasando a un sistema mayoritario, a la luz de los resultados obtenidos en las elecciones de 2004, se podría mermarse la presencia del separatismo: el PNV fue el partido más votado en las provincias vascas. El PSC, considerando su entraña separatista, fue la fuerza más votada en las provincias catalanas.
El Partido Nacional Republicano considera que los partidos separatistas, xenófobos, racistas y fundamentalistas teocráticos no deben tener cabida legal en la Tercera República, del mismo modo que los partidos fascistas y nazis carecen de posibilidad alguna de constituirse legalmente en Italia y la República Federal Alemana, respectivamente.
La república de los sabios frente a la partitocracia
El debate sobre la crisis de representación y participación de las sociedades modernas, mantiene su vigencia desde los mismos tiempos en los que se fue conformando el Estado de partidos, tras la segunda Guerra Mundial. La democracia, secuestrada por las partitocracias, se limitaría a una mera escenificación, los procesos electorales, en la que los partidos se plebiscitarían en un acto periódico. Este análisis refleja una realidad: la evolución de los aparatos políticos del liberal-capitalismo corre pareja a la misma evolución de este sistema económico. De la “libre concurrencia” se pasa a la concentración y al oligopolio partidista.
Cierto republicanismo liberal se ha dado en formular panaceas que pretenden curar estos males. Destila un odio irrefrenable a los partidos políticos y un individualismo furibundo, que no admite la intermediación entre el Estado y la “sociedad civil” de ningún cuerpo, a excepción de una autoproclamada clase pedagógica, de “intelectuales de la república”, que viene a alumbrarnos con sus recetas electorales: ha pergeñado “mónadas republicanas”, como circunscripción electoral de pequeñas dimensiones, cuya finalidad única y exclusiva es empotrar la figura del diputado de circunscripción sujeto al mandato imperativo y, por tanto, a la revocación de sus electores. En otros casos, se proponen listas abiertas y no bloqueadas impuestas a los partidos.
Los diputados son representantes del conjunto de la Nación, no los representantes de los compromisos alcanzados con sus electores. Esta es una polémica dirimida hace ya más de dos centurias. El voto de los gobernados es, en su caso, pura revocación de los gobernantes.
La presentación de candidaturas en listas cerradas y bloqueadas por los partidos políticos representa un doble ejercicio de libertad: el de los partidos para designar a aquellos que considere más apropiados para formar los equipos que deben llevar a término su programa, y el de los electores para votar estas u otras listas o, simplemente, no votarles.
La degeneración partitocrática no podrá erradicarse sin que previamente se haya puesto coto al sistema político-económico de la que es expresión.
El cese de la financiación pública de los partidos políticos es una las medidas inmediatas que debería adoptar la Tercera República.