El estado autonómico imprime una dinámica centrífuga que aboca inevitablemente a nuestra disgregación nacional. Ya en los albores del vigente régimen, algunas de las ponencias de los redactores de la actual constitución previeron configurar España como una colección de “naciones” (catalana, vasca, gallega), aunque por la correlación de fuerzas existentes en aquel entonces, se determinó que fueran rebajadas nominalmente a “nacionalidades”. En realidad, esta concepción “plurinacional” no sólo ha permanecido latente en el espíritu y la letra a lo largo de más de tres decenios, sino que ha presidido la propia evolución del proceso autonómico que ahora podría culminar su propia lógica confederal con una remodelación constitucional: una monarquía “plurinacional, pluricultural y plurilingüística” en la que Cataluña aparecería incardinada en el “estado español” como entidad soberana mediante lazos establecidos entre dos estados -lo que no dejaría de ser un pacto internacional- que, a la par de satisfacer las aspiraciones de estatalidad y permanencia en la UE del separatismo catalán, permitiría al reinito borbónico evitar formalmente el trance de un proceso separatista.
El juancarlismo ha consentido a los partidos de la burguesía catalana, CIU y PSC, una concienzuda labor de construcción nacional, de “national building,” al amparo del estado de las autonomías mediante el traspaso de competencias estatales como la educación y la “cooficialidad”, de acuerdo al modelo de inmersión lingüística. El resultado ha sido el adoctrinamiento de varias generaciones de españoles, catalanes e inmigrantes del resto de España, en su pertenencia a una nación irredenta, la catalana, y en el anhelo de estatalidad propia. Desde nuestro punto de vista, estas masas de población de Cataluña ganadas al independentismo son irrecuperables: no son españoles, ni susceptibles de integrar la Nación.
La celebración de la Diada en los dos últimos años se ha convertido en la ocasión para demostrar la capacidad de movilización del independentismo en Cataluña, patrocinada desde las instituciones autonómicas catalanas que ahora demandan una consulta secesionista.
1. Una cuestión previa: sin homogeneidad nacional no hay democracia
Democracia, entre otros aspectos, presupone identificación entre gobernantes y gobernados y coincidencia entre la voluntad general y pueblo en base a la igualdad, exclusivamente ceñida a iguales. Esto es, homogeneidad nacional, unidad política, que nada tiene que ver con uniformidad étnica, religiosa, cultural, ideológica, etc.
Precisamente, bajo el juancarlismo opera un artificio de entraña liberal, hostil a la misma idea de democracia: toda opción es válida y admisible siempre que se desenvuelva procedimentalmente, sin más límite que la ley, a través de los cauces de participación y representación política del régimen. En esta reducción caben legítimamente españoles y antiespañoles; independentistas catalanes, vascos y gallegos; separatistas y unionistas Todos concurren en este juego, paradójicamente, como parte del pueblo español, el poder originario que forma la soberanía popular y del cual dimana, supuestamente, todo el orden jurídico-político.
De este modo, se arrumba la noción de pueblo como categoría política de derecho público que, en nombre de una igualdad abstracta, cede ante el agregado societario: una diversidad de individuos y grupos que también incluye a aquellos cuyas pretensiones son formar otros pueblos, naciones y estados antagónicos al español. La distinción entre amigo y enemigo queda diluida en el nivelador sistema político borbónico. Dicho sea que, allí donde desaparece esta diferenciación esencial, amigo- enemigo, un pueblo deja de existir políticamente.
Estamos ante “una contradicción en el seno del pueblo”-no la única, pero sí la capital- que debe ser resuelta de manera inaplazable. Y a la luz de lo anteriormente expuesto, esto no es posible presentando candidaturas que rivalicen con los antiespañoles en los comicios que convoca el Borbón, ni articulando mayorías en los parlamentos autonómicos.
No en vano, el PNR aspira alcanzar la máxima coherencia nacional y democrática en la República que preconiza, no bajo el vigente régimen, sino tras su defenestración.
2. Confederados, principales fuerzas operativas
El PNR define a otras organizaciones y partidos por sus objetivos declarados, programas, alianzas y métodos de acción política. Los diferentes posicionamientos de los partidos del juancarlismo en relación a la celebración de una hipotética consulta secesionista en Cataluña, sean a favor o en contra, no obsta a que desde nuestra perspectiva se le pueda tratar a todos como vectores políticos de la desmembración de España en tanto en cuanto que, objetivamente, son integrantes del régimen que posibilita esta situación.
Así, el protagonismo no corresponde en exclusiva al separatismo activo de impronta antiespañola, principalmente CIU y ERC, la fuerza que ejerce la presión separatista, acompañada de los izquierdistas de ICV e IU en su demanda de consulta independentista. Por el contrario, hay que clarificar el papel que corresponde a cada uno de los partidos borbónicos y repartir responsabilidades.
El PP, representa al unionismo constitucionalista, la defensa del marco actual que ha propiciado el posibilismo secesionista: ante el embate del plebiscito separatista, lejos de imponer el imperio de la ley como correspondería a su responsabilidad al frente del ejecutivo, se limita a la disuasión con exhortaciones legalistas y ejercer una pedagogía sobre la pérdidas que supondría para Cataluña ser independiente.
Nosotros no exigimos al régimen que cumpla con su propia legalidad, ni que aplique el artículo 155 de su carta magna, sino que denunciamos su manifiesta complicidad y colaboración necesaria para cubrir una etapa más en su hoja de ruta confederal.
UPyD y Ciutadans, la rama reformista del constitucionalismo unionista: presumen de la viabilidad del estado autonómico mediante la reversión de algunas de las competencias de las autonomías hacia el estado. Sin embargo, esto resulta una engañifa: es irrealizable sin someter la constitución a una revisión avalada por mayorías cualificadas imposibles. En la misma línea, Ciutadans, avispadamente, ¡denuncia que Mas no tiene competencias para convocar una consulta independentista! Se ha sumado como comparsas al pacto antisoberanista promovido por el PPC en Cataluña: su máxima es evitar la crispación, la división y el enfrentamiento entre los catalanes.
Negar la fractura a estas alturas es de necios y no puede tener otro fin que permitir el avance del separatismo.
El PSOE, es el partido que puede aportar más sinergias en el “aggiornamiento” del régimen al nuevo escenario soberanista planteado en Cataluña y, por tanto, la que pueda poner el colofón confederal al juancarlismo, si no pilotando el proceso, arrastrando a los demás partidos: brinda el remedio frente “el inmovilismo de Rajoy y el independentismo de Mas”, con su propuesta de cambio constitucional que introduce lo que ellos denominan federalismo para “encajar” Cataluña: principio de ordinalidad para incluir asimetrías fiscales, reconocimiento de Cataluña como nación, “derechos históricos”… Esto es, confederalismo al que su marca catalana, el PSC, suma el “derecho a decidir”. Ciertamente, no reclaman la independencia para Cataluña, pero comparten la misma fórmula con la que se mimetiza el separatismo, como si esto fuera algo distinto al “derecho de autodeterminación”.
3. Republicanos unionistas
El unionismo constitucionalista o la oposición federalista del PSOE al independentismo no son frenos frente a la dislocación nacional. Tampoco el rey Juancarlos I, convaleciente o en plena forma, ni su sucesor el príncipe Felipe, ambos siempre prestos a congraciarse con el nacionalismo antiespañol. Antes bien, todos los integrantes del régimen son catalizadores de la descomposición de España. Inexorablemente, queda expedito el camino hacia una mayor desintegración resultante de la adecuación del juancarlismo a sus propios presupuestos confederales, auxiliado por la coacción del independentismo.
Nada nos liga este bloque que, conforme a nuestra geometría política, hemos definido como seudo-España. Menos todavía, a aquellas expresiones marginales de patriotismo patético e ideologías trasnochadas, la paleo-España. Somos nacionalistas españoles, patriotas unionistas, pero postulamos una nueva España refundada en una República unitaria.
4. Amigos y enemigos
Llamamos a los españoles, especialmente a los de Cataluña -y Vascongadas- a la acción directa: autoorganización en asambleas y juntas para la resistencia y el boicot activo frente a las consultas secesionistas y elecciones plebiscitarias que se puedan celebrar, con o sin el permiso de la monarquía juancarlista, y a la movilización contra las negociaciones, reformas estatutarias, resoluciones judiciales, revisiones constitucionales, pactos y trapicheos del régimen con el independentismo que pretendan el “acomodo” de Cataluña.
Al margen del resultado del proceso secesionista en curso y su impredecible deriva, emplazamos a nuestros compatriotas a la lucha, no para mantener la situación actual, sino para avanzar en la constitución del nuevo Estado en el que los partidos antiespañoles y separatistas sean proscritos y en el que no se obligue a nadie a ser ciudadano español: quienes renuncien a esta condición fundamental y todavía quieran permanecer en nuestro territorio nacional podrán optar al estatus de meros residentes, despojados de derechos políticos.