Destacamentos de nuestras fuerzas armadas aparecen desparramados por medio mundo, interviniendo bajo la pantalla de las “misiones humanitarias” en guerras que ni nos van ni nos vienen, que responden a los intereses de otros. Así, seguimos en la ex Yugoslavia, estamos hasta el cuello en Afganistán, hemos participado desde una fragata en ataques contra territorio iraquí y ahora vamos al Líbano. Entretanto, si repasamos el Real Decreto 416/2006, de julio pasado, relativo a la reestructuración del ejército, en vano hallaremos en él razones que fundamenten la existencia de un ejército nacional. No parecen preocupar ni al rey ni a Rodríguez Zapatero la soberanía ni la integridad nacional de España. El mencionado Real Decreto no contempla ni por un segundo «una agresión en gran escala contra el territorio nacional». Probablemente, es porque el Borbón y Rodríguez Zapatero tienen ya decidido entregar Ceuta y Melilla, en plazo previsiblemente no lejano, al sátrapa Mohamed VI. 

En cambio, lo que sí preocupa es la creación de una unidad peculiar, la Unidad Militar de Emergencias, a la que el artículo 5. del Real Decreto atribuye ambiguas misiones: «contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas». Pero esa ambigüedad se disipa a la vista de artículo 3: «La Unidad Militar de Emergencias, además del cometido orgánico de preparación de la fuerza, realizará las misiones operativas que le encomiende el Presidente del Gobierno».

Esta unidad agrupará a 4.000 miembros, con retribuciones superiores en un 50% a las que perciben los del resto de unidades. Contará con un cuartel general y con el armamento más sofisticado de las FFAA españolas –incluyendo una agrupación de medios aéreos–, cinco batallones de intervención y un regimiento de apoyo. En definitiva, la UME se convierte en la única división del Ejército español y además se la dota de unos medios sin paralelo en nuestra Historia. Pero lo más sobresaliente es que la UME no depende del rey, tal y como establece la constitución, ni tampoco del gobierno, sino directamente del presidente del gobierno, del propio Rodríguez Zapatero. Es obvio que éste ha contado con el permiso del rey para sustituirle en su misión esencial de Jefe Supremo de las FFAA.

Rodríguez apenas ha prestado atención a los incendios de Galicia. Pero los aprovecha para acelerar la formación de la UME. Una unidad sobrepagada, con equipamiento especial, con estructura de mando separada (fuera del Estado Mayor y a las órdenes directas del Presidente del Gobierno) y con dedicación prolija e interpretable a conveniencia es, de libro, una Guardia Pretoriana.

El objetivo de esa unidad no es defendernos de Marruecos ni del terrorismo, que tanto ha beneficiado al gobierno del PRISOE. Su objetivo consiste en impedir, precisamente, cualquier posibilidad de resistencia a la política de ese gobierno. Es conformar una fuerza de represión de los ciudadanos a la voz de mando del inquilino de la Moncloa.

El gobierno ostenta el monopolio  legítimo de la violencia si ésta se ejerce en defensa del orden legal, de la libertad y la seguridad de los españoles. Pero, ¿qué ocurre cuando, como es el caso actual, el gobierno se convierte en protector de los terroristas etarras, permite su ocupación de la escena política, su extorsión mafiosa y su violencia callejera, pacta con ellos la desmembración de España, manipula la justicia a su favor, trata de reducir al silencio a las víctimas, presentándolas como “enemigos de la paz” y culmina esa labor dotando al presidente de un ejército particular y multiusos? Ocurre que la violencia del gobierno pierde legitimidad para ser simplemente despótica. Queda legitimada, en cambio la ruptura democrática de los ciudadanos españoles.