Según la sentencia del 11-M el atentado fue obra material de un grupo yihadista, sin que puedan identificarse sus inductores. El móvil de ese grupo se funde –y confunde– con la finalidad genérica del yihadismo: «derrocar los regímenes democráticos y eliminar la cultura de tradición cristiano-occidental sustituyéndolos por un Estado islámico bajo el imperio de la sharia o ley islámica en su interpretación más radical, extrema y minoritaria».

Algunos medios de comunicación han visto en esa indeterminación un sesgo favorable al PP: no se menciona a AlQeda, ni se reconoce al Egipcio y otros islamistas como autores intelectuales, ni se señala como móvil de la masacre la venganza por el apoyo de Aznar a la guerra de Iraq. Rajoy, por supuesto, ha corrido a parapetarse tras esas apreciaciones. Se ha felicitado por la sentencia, ha sacado pecho por la rapidez con que el gobierno de Aznar empezó a detener islamistas y ha manifestado, una vez más, que la cuestión del 11-M no formará parte de su agenda electoral.  

Por nuestra parte, entendemos que, desde un punto de vista técnico, la sentencia se propone dos cosas. Por un lado, blindar y convertir en inatacables las tres piezas claves de la versión oficial –una furgoneta, una mochila hallada en una comisaría y una mina asturiana como origen de los explosivos–. Por otro lado, depurar dicha versión de elementos inconsistentes, incluso nocivos para su triunfo. Así, la sentencia hace desaparecer parcialmente de entre sus piezas de convicción el Skoda descubierto meses después del atentado, dada la fragilidad extrema de esa prueba. Por otra parte, abandona el intento irrisorio de presentar al Egipcio, un islamista marginal, mitómano y lenguaraz, como cerebro del atentado. Las referencias a Al Qaeda son suprimidas por novelescas e inconvenientes (no sin antes haber deslizado la posibilidad de vínculos con esa red terrorista mediante la elección de Morata como uno de los escenarios “virtuales” del 11-M). Y en cuanto a las alusiones a la guerra de Iraq, es comprensible que un altivo magistrado de mentalidad legal-burocrática no se digne descender a detalles de coyuntura política. Para eso está Pepiño Blanco.

Por lo demás, la sentencia es una sentenZia, con zeta de Zapatero. Remacha lo fundamental de la tesis del PSOE acerca de la autoría islamista y niega tajantemente la de ETA, sostenida por el gobierno del PP durante los dos días que siguieron al atentado y apuntada de forma vergonzante por algunos seguidores de Rajoy a lo largo de estos últimos años. El PSOE no tiene intención alguna de pastelear, sino de dar caña. Necesita hacerlo. Para renovar su estancia en la Moncloa, Rodríguez Zapatero debe movilizar de nuevo al voto que se sintió manipulado por el Gobierno del PP entre el 11 y el 14-M. Frente a este toro, y en el ruedo de la sentencia de Bermúdez, los ridículos trasteos de perfil de Rajoy sólo son preámbulos de la espantada.

Pero todo esto no es lo esencial. Una de las afirmaciones del Partido Nacional Republicano ha sido la de «ni islamistas, ni etarras: los de siempre». La reiteramos. No aceptamos el falaz dilema –han sido ETA o al Qaeda– en el que se nos ha pretendido encerrar.

 Con la sentencia se pretende sepultar la verdad de un auto-golpe del Régimen, dirigido a instalar a un gobierno de colaboración del PSOE y los nacionalistas fraccionarios encargado de llevar adelante el desguace confederal de España. Y se aportan municiones para un nuevo triunfo electoral del PSOE que permita proseguir esa obra, que sólo ha dado sus primeros pasos.

Por ello, la sentencia, más allá de ayudar al PSOE a combatir “la mentira del PP” –la autoría de ETA–, se dirige contra todos los que han comenzado a señalar la implicación de sectores de los aparatos del Estado en la masacre o, como mínimo, en su encubrimiento.

La sentencia es la culminación por medios judiciales del golpe del 14-M. Ese golpe no puede reducirse al atentado. Ha implicado actuaciones policiales de ocultamiento de pruebas, siembra de pistas falsas y detención de cabezas de turco. Y operaciones de agitación mediática coordinadas, tras las llamadas de Zapatero a varios medios de comunicación anunciado la existencia de suicidas en los trenes.

La sentencia se inserta en el golpe de Estado judicial iniciado por Del Olmo con la autorización de la destrucción de ropas y otros objetos. Luego ha venido el desguace de los trenes;  Bermúdez y sus compañeros de tribunal no han dicho nada al respecto.

Del Olmo no instó diligencias contra los policías que ocultaron informes y muestras relativos a los explosivos de los trenes. Tampoco lo han hecho Bermúdez, Guevara y García.

Del Olmo aceptó que lo que había estallado en los trenes contenía «componentes genéricos de las dinamitas». Bermúdez, Guevara y García han dado un paso colosal en su línea de descubrimientos: en los trenes estalló «una dinamita tipo Goma». Esto abarca la Goma 2 ECO, la Goma 2 EC, el Titadyne, y otros. Pero, a pesar de ello, consideran que se trata de Goma2 ECO ya que «está probado que todo o gran parte se sustrajo de Mina Conchita». No les embaraza en lo más mínimo que en la pericia de lo que estalló en los trenes, ordenada por el propio Bermúdez apareciesen componentes incompatibles con la Goma 2 ECO (DNT y Nitroglicerina), siendo Goma 2 ECO el explosivo industrial utilizado desde hace años en mina Conchita. Más aún, en un intento de justificar la presencia de Nitroglicerina en un foco de explosión de los trenes, recurren a la idea de la “contaminación”, en Mina Conchita, de la Goma 2 Eco con restos de Goma 2 EC, para lo que deben tergiversar la composición de esta última, que no incluye Nitroglicerina desde 1992.

Bermúdez se ha alineado con la última tesis expuesta en el juicio con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.«"Da igual el explosivo que se utilizase para perpetrar la masacre, porque hay suficientes pruebas a parte de ésta». ¿Cuáles son esas pruebas? Bermúdez “infiere” la naturaleza de lo que estalló en los trenes, a partir de la Goma2 ECO hallada fuera de los trenes (en la furgoneta kangoo, Mochila de Vallecas, Chinchón y Leganés).

Para ello, Bermúdez debe comerse, al igual que hizo Del Olmo, la furgoneta ya llena en Alcalá, la mochila voladora de Vallecas y la noche de los muertos vivientes en Leganés.

Sobre la Renault Kangoo, la sentencia dice que no se puede demostrar que los terroristas se trasladaran en ella a la estación, para colocar las bombas. Sin embargo, tras descartarla como medio de transporte, da validez a los objetos que en ella se encontraron y enaltece la «escrupulosa actuación de la Policía».

La virtualidad probatoria  del Skoda Fabia ya estaba devaluada en la instrucción de Del Olmo. Bermúdez ha seguido en esta dirección pero, al igual que hizo Del Olmo, se abstiene de deducir testimonio para averiguar quién colocó esa prueba falsa.

La bolsa de Vallecas es la pieza primordial de la sentencia. Según la misma, contenía el explosivo –Goma 2 ECO–, el teléfono y la tarjeta que desencadenaron la investigación en dirección hacia Mina Conchita y la detención de los autores materiales del atentado. Bermúdez la considera una «prueba auténtica», cuya cadena de custodia se halla plenamente acreditada. Sin embargo, no fue vista por los equipos policiales que rastrearon varias veces la estación de El Pozo, de donde se afirma que procedía la mochila, ni en la operación de carga de efectos en los bolsones, en la que no se hizo inventario, ni en lo que el mismo Bermúdez llama «extravagante periplo» de esos efectos hasta la comisaría de Vallecas. Poco le importa, además, que lo aparecido milagrosamente en la comisaría estuviese cuidadosamente dispuesta para no estallar.

En cuanto a los inculpados, es difícilmente superable la síntesis de una portada de The Times: «191 muertos y miles de heridos; pero no hay condenas de autores intelectuales. Unos pocos traficantes y delincuentes de pacotilla se comen el marrón».

El grueso de los potenciales culpables designados en el sumario se dice que están muertos. Cuatro eran mangantes y traficantes de drogas; otro, un becario, y dos ex presidiarios. No se suicidaron con las bombas en los trenes, para asegurar su acción y demostrar su fe mediante el martirio, como cabe esperar de un yihadista. Al parecer lo hicieron un mes más tarde en un piso de Leganés que había sido utilizado repetidamente por los servicios secretos en operaciones de narcotráfico, y después de dar tiempo al desalojo de la vecindad.

Establecida la tesis del suicidio, todo está claro en el poderoso engranaje mental de los miembros del tribunal: el hecho de que los “islamistas” se suicidaran, es razón suficiente para afirmar que pusieron las bombas de los trenes. En cambio, a Abdelmajid Bouchar, que se salvó del “suicidio colectivo” porque bajó a tirar la basura, no se le condena como autor material. ¿Hubiera establecido la sentencia que él también perpetró el atentado en caso de  haber fallecido en el piso?

Al final, quedan tres condenados. El principal, a título de “cooperador necesario”, es un asturiano que apenas ha trabajado a causa de una incapacidad por esquizofrenia. Se trata de un confidente disciplinado, que se comunicaba con su controlador hasta en el viaje de bodas. Los otros dos son un traficante de hachís de baja estofa, ajeno a toda ideología fundamentalista, y un socio de un pequeño locutorio telefónico de Lavapiés, sin lazos probados con el islamismo ni contactos con el resto de inculpados, reconocido en cuatro puntos de los trenes a la vez.

Con todo lo anterior quedan patentes dos extremos.

En primer lugar, se confirma que en España no hay justicia independiente; que el llamado Estado de derecho se reduce a un régimen oligárquico de partidos. Y que al servicio de ese régimen está una legión de paniaguados dispuestos a manchar sus togas con el polvo del camino.

En segundo lugar, queda también patente el fracaso de la estrategia “judicial” seguida por todos los sectores opuestos a la versión oficial que han confiado en el vigente sistema de justicia, confianza derivada de su adhesión al régimen de 1978. Esta estrategia se ha revelado grotesca  y suicida.

La lucha por el esclarecimiento del 11-M no es una partida de ajedrez ni una tarea de picapleitos. Es un esfuerzo político frente al régimen vigente, en el que carece totalmente de sentido tratar de influir a los jueces, meros lacayuelos de la partitocracia.

Esa lucha es, por tanto, la tarea de un movimiento de oposición democrática a la actual situación. Y como ésta no es en absoluto democrática, el movimiento por la verdad del 11-M no puede ser un movimiento de oposición leal. No puede respetar, ni acatar, ni comulgar con las reglas del régimen. Debe tan sólo utilizar sus posibilidades pragmáticamente –las libertades que aún quedan, de forma cada vez más precaria–, y explotar con total desapego sus contradicciones.

Frente al régimen del crimen y la patraña, hay que levantar un movimiento político de esclarecimiento del 11-M basado en la investigación y divulgación de la  Verdad. Pero ésta no es suficiente sin la Fuerza. Una fuerza que sólo puede provenir de la movilización cada vez más amplia en la calle. Movilización con mensajes de esperanza, sin el aire funebrero de los memoriales. Movilización dinámica, bajo el signo del patriotismo y la democracia auténtica, sin formatos deprimentes.